Juristas, exmagistrados y especialistas agrupados en el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) advirtieron este 6 de agosto de 2026 que la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), podría derivar en censura y autocensura en radio y televisión rumbo al proceso electoral 2026-2027.
En el posicionamiento “Libertad de Expresión y Proceso Electoral 2026-2027. Sin debate libre no hay elecciones libres”, los firmantes reconocieron que el proyecto contempla medidas relacionadas con la accesibilidad y el fortalecimiento de los derechos de las audiencias. Sin embargo, cuestionaron que una autoridad gubernamental pueda determinar qué constituye información, opinión o tratamiento noticioso y que los concesionarios enfrenten sanciones por el contenido de sus transmisiones.
Advierten efectos en el debate público
Los especialistas señalaron que esas disposiciones podrían afectar el debate político cotidiano y la discusión pública durante las elecciones. “Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos lineamientos en el debate político diario y durante los procesos electorales”, expresaron en su documento.
El CEPNA sostuvo que la libertad de expresión es una condición indispensable para la democracia, porque permite la existencia de una opinión pública informada y de una ciudadanía capaz de contrastar ideas, ejercer la crítica y tomar decisiones libres. En ese sentido, consideró que una elección pierde autenticidad cuando medios y concesionarios trabajan bajo la amenaza de sanciones o adoptan medidas de autocensura preventiva.
La CRT mantiene abierta una consulta pública sobre la propuesta regulatoria del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. El proceso está dirigido a audiencias, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y otros sectores interesados en los mecanismos para ejercer los derechos de las personas radioescuchas y televidentes.
Cuestionan que el gobierno sea árbitro de contenidos
Los firmantes recordaron que desde la reforma de 2024 habían advertido sobre los riesgos de trasladar a una dependencia gubernamental las facultades relacionadas con la protección de los derechos de las audiencias, en sustitución de un organismo autónomo. A su juicio, ese cambio podría convertir al gobierno en árbitro de los contenidos informativos y del debate público.
También señalaron que la legislación electoral vigente otorga al Instituto Nacional Electoral la administración de los tiempos de radio y televisión durante los procesos electorales, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce el control de constitucionalidad y legalidad en la materia.
Por ello, rechazaron una regulación que consideran elaborada unilateralmente por una dependencia gubernamental y advirtieron que podría convertirse en un mecanismo de presión para los concesionarios de radio y televisión, con posibles efectos sobre otros medios de comunicación.
El grupo pidió que la consulta pública sea efectiva y que las autoridades atiendan las observaciones de periodistas, académicos, juristas, especialistas y representantes de la industria de la radiodifusión. El objetivo, indicaron, debe ser preservar la libertad de expresión y el derecho a la información durante el próximo proceso electoral.
El posicionamiento fue suscrito por Jorge Alcocer Villanueva, José Ramón Cossío Díaz, Diego Valadés Ríos, Jesús Orozco Henríquez, Morelos Canseco Gómez, Fernán González de Castilla del Valle, Elba Arjona, Mariana Calderón, Natalia Reyes Heroles y Alma Zamora.