El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos votó este jueves 6 de agosto de 2026 declarar en desacato a Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), por negarse a responder preguntas sobre su gestión de la pandemia de Covid-19.
La resolución será remitida a la oficina del fiscal federal en Washington para que determine si corresponde abrir una investigación o intentar procesar al exfuncionario por desacato al Congreso. La decisión se tomó una semana después de la comparecencia de Fauci ante el comité, celebrada el 29 de julio de 2026.
Durante esa audiencia, Fauci invocó más de 100 veces su derecho constitucional a no autoincriminarse y declinó responder preguntas relacionadas con las decisiones del gobierno estadounidense durante la emergencia sanitaria y con las investigaciones sobre el origen del coronavirus.
El presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, sostuvo que la protección constitucional no era aplicable en este caso porque Fauci recibió un indulto presidencial de Joe Biden en enero de 2025. Según la resolución, ese indulto cubre actos cometidos entre 2014 y la fecha en que fue emitido.
“Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, afirmó Rand Paul al defender la resolución ante el comité.
Paul argumentó que la votación no se relacionaba con las opiniones de Fauci ni con sus declaraciones previas ante el Congreso, sino con la negativa a responder después de haber recibido el beneficio de un indulto amplio. El senador también señaló que el comité no quería retrasar el procedimiento mediante una votación ante el pleno del Senado.
Fauci y legisladores demócratas que se opusieron a la medida sostienen que el exfuncionario tenía motivos para temer una posible autoincriminación. Fauci afirmó que las declaraciones públicas de Paul sobre buscar su procesamiento justificaban su decisión de invocar la Quinta Enmienda.
El indulto presidencial no cubre posibles delitos estatales ni investigaciones relacionadas con testimonios que los legisladores consideren falsos. Por ello, el alcance de la protección y los límites de la facultad del Congreso para obligar a declarar a una persona previamente indultada podrían convertirse en el centro de una disputa legal.
La oficina del fiscal federal en Washington deberá decidir si analiza la remisión y si existen elementos para presentar un proceso. La votación del comité no implica por sí misma una condena penal contra Fauci.