La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó que el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván tenga un trasfondo político, luego de que el Congreso estatal aprobó retirarles el fuero constitucional el miércoles 5 de agosto de 2026.
Los dos presidentes municipales pertenecen a Movimiento Ciudadano y enfrentan investigaciones penales distintas. Nahle afirmó que las indagatorias fueron iniciadas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, por lo que corresponde a los señalados aportar pruebas y defenderse ante las autoridades.
“En ningún momento ni es político ni es de fracciones partidistas”, sostuvo la mandataria en declaraciones a medios locales. También aseguró que, si los alcaldes fueran integrantes de Morena, sería la primera en pedir que enfrentaran la justicia.
El Congreso de Veracruz, constituido en Jurado de Procedencia, aprobó en dos votaciones separadas retirar la inmunidad procesal a Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván. La medida permite que las investigaciones avancen sin la protección constitucional del cargo, pero no determina la culpabilidad de los funcionarios.
González Martínez es señalado por las autoridades ministeriales por su presunta participación intelectual en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la reportera Roxana Ramírez. El alcalde y su defensa han negado las acusaciones.
En el caso de Bravo Montero, la Fiscalía General del Estado lo investiga por la presunta desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, ocurrida en mayo de 2026. De acuerdo con la indagatoria, el empresario habría sido citado en el domicilio del entonces alcalde; el señalamiento también ha sido rechazado por el edil y su defensa.
La discusión política se intensificó después de que Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, acusara una persecución política contra los alcaldes. Nahle respondió con críticas al dirigente y sostuvo que los funcionarios deben enfrentar los procesos legales para presentar sus pruebas.
Con el retiro del fuero, ambos casos pasan a una nueva etapa jurídica. Las acusaciones deberán ser acreditadas por las fiscalías ante las autoridades judiciales, mientras los exalcaldes conservan su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.