El juez federal Dennis Saylor, del Tribunal del Distrito de Massachusetts, exigió el viernes 2 de octubre de 2026 al gobierno de Donald Trump y a la parte demandante presentar antes del 9 de octubre sus argumentos y una hoja de ruta sobre el litigio contra las restricciones a las visas de estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros.
La solicitud ocurrió durante una audiencia en Boston, donde el magistrado decidió no resolver el caso de manera improvisada. El calendario deberá explicar cómo avanzar en el proceso que cuestiona la norma impulsada por la Administración estadounidense.
La disputa se centra en una regla del Departamento de Seguridad Nacional que busca modificar las condiciones de permanencia para personas con visas F, J e I. Las primeras corresponden principalmente a estudiantes universitarios; las J, a estudiantes y participantes de programas de intercambio; y las I, a representantes extranjeros de medios de comunicación.
La norma fue suspendida temporalmente por Saylor antes de que entrara en vigor. En una resolución previa, el juez cuestionó la justificación presentada por el Ejecutivo y consideró que la explicación ofrecida para aplicar los cambios era excepcionalmente débil.
El abogado de las organizaciones demandantes pidió convertir la paralización temporal en una suspensión permanente o avanzar hacia un juicio sumario. La coalición incluye organizaciones estudiantiles y académicas, así como The NewsGuild-CWA, sindicato que representa a trabajadores de medios de comunicación.
Entre los cambios cuestionados se encuentra el abandono del esquema conocido como duración de estatus, que permitía a ciertos estudiantes y visitantes permanecer en Estados Unidos mientras mantuvieran las condiciones de sus programas. La nueva regulación establece periodos definidos y procedimientos adicionales para solicitar extensiones.
El gobierno de Trump sostiene que la política es necesaria para proteger la seguridad nacional y las fronteras. Sin embargo, Saylor señaló que la medida también genera dudas sobre si su objetivo podría incluir un mayor control gubernamental sobre instituciones académicas y medios de comunicación.
La fecha clave del proceso será el 9 de octubre, cuando ambas partes deberán entregar sus propuestas al tribunal. A partir de esos documentos, el juez definirá los siguientes pasos del litigio y el futuro de la suspensión temporal.