Grupo México ha estado vinculado con al menos tres derrames de sustancias químicas en Sonora durante los últimos 12 años, mientras mantiene operaciones mineras y ferroviarias en la entidad. El incidente más grave ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora.
El derrame de 2014 se originó en instalaciones de Buenavista del Cobre, en Cananea, y afectó aproximadamente 271.6 kilómetros de cauces. La contaminación alcanzó municipios de la cuenca del Río Sonora y provocó reclamos de habitantes por los daños ambientales, económicos y relacionados con el acceso al agua.
Tres incidentes registrados en Sonora
- 2014: alrededor de 40 millones de litros de solución acidulada de sulfato de cobre llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora.
- 2019: cerca de 3 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados en aguas del Mar de Cortés, en Guaymas.
- 25 de julio de 2026: un descarrilamiento ferroviario en el municipio de Naco provocó el derrame de decenas de miles de litros de hidrosulfuro de sodio.
El caso más reciente ocurrió en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en Naco, tras el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex. Las autoridades desplegaron labores de evaluación, monitoreo y control, además de iniciar investigaciones para determinar la magnitud de los posibles daños ambientales.
En el ámbito minero, Buenavista del Cobre continúa ampliando su capacidad productiva. Buenavista Zinc inició operaciones en 2024 después de una inversión aproximada de 427 millones de dólares, de acuerdo con la información incluida en el reporte sobre la empresa.
El desempeño financiero también mostró un crecimiento durante 2026. En el segundo trimestre, Grupo México reportó una utilidad neta de 2 mil 93 millones de dólares, ingresos consolidados por 5 mil 717 millones de dólares y un EBITDA de 3 mil 536 millones de dólares.
La expansión económica contrasta con los reclamos que persisten en la cuenca del Río Sonora, donde habitantes exigen una reparación ambiental suficiente y responsabilidades claras por los efectos del derrame de 2014. A 12 años de aquel episodio, los nuevos incidentes mantienen bajo escrutinio las operaciones del consorcio en el estado.