La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para investigar una denuncia de agresión sexual presuntamente cometida en octubre de 2024 en una casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell.
La decisión se tomó después de que Hochul cuestionara el manejo inicial del caso por parte de la policía del campus y de la fiscalía del condado de Tompkins. La gobernadora afirmó que la denunciante, identificada como Jane Doe en documentos judiciales, fue defraudada por instituciones que tenían la obligación de protegerla.
La investigación había sido cerrada sin cargos
La investigación inicial fue cerrada sin cargos en 2024. El fiscal del distrito de Tompkins, Matthew Van Houten, la reabrió después de que la mujer presentara una demanda civil contra siete exintegrantes de la fraternidad, Cornell y otras personas.
La demanda sostiene que la mujer recibió drogas y alcohol y que posteriormente fue sometida a actos sexuales por varios hombres cuando se encontraba parcial o totalmente incapacitada. Las acusaciones no han sido probadas en juicio y los abogados de al menos dos de los señalados han negado su participación en una agresión sexual.
Hochul señaló que la fiscalía local cerró el caso sin entrevistar a la denunciante ni a otras personas involucradas. También cuestionó que el informe enviado por la policía de Cornell a los fiscales no incluyera, según nuevos reportes, partes relevantes del relato de la mujer.
Letitia James revisará los hechos y las pruebas
La oficina de Letitia James deberá revisar los hechos, reunir pruebas y entrevistar a testigos. La fiscal general indicó que el proceso podría durar varios meses y que, si la evidencia lo justifica, se presentarían cargos.
El fiscal Van Houten respaldó la designación y reconoció que la universidad no proporcionó a las autoridades un panorama completo del caso. La atención se centra ahora en determinar cómo se recabó, documentó y transmitió la información desde la policía universitaria hasta la fiscalía.
Debate sobre la ley de consentimiento en Nueva York
La gobernadora también respaldó cambios a la legislación estatal sobre agresión sexual. Hochul sostuvo que una persona que se encuentra demasiado intoxicada para consentir no debería quedar sin protección por haber consumido voluntariamente alcohol o drogas.
El caso ha provocado cuestionamientos sobre la respuesta de las universidades y las autoridades ante las denuncias de violencia sexual en los campus. La nueva investigación deberá establecer si hubo delitos y si el manejo institucional del caso afectó la posibilidad de llevarlo ante la justicia.