La Fiscalía General de la República detuvo el jueves 6 de agosto de 2026 a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, en el Estado de México, como parte de una investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La autoridad lo señala por presunta obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas.
La indagatoria se centra en el presunto ocultamiento de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, donde habría quedado registrado el momento en que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
La acusación de la Fiscalía
De acuerdo con la investigación, durante el gobierno estatal se negó la existencia de los videos bajo el argumento de que las cámaras presentaban fallas técnicas. La Fiscalía sostiene que posteriormente un testigo colaborador aportó información sobre la presunta sustracción de las grabaciones y su entrega a funcionarios de la administración estatal.
La dependencia federal también habría incorporado el testimonio de otra persona, quien señaló que Aguirre Rivero presuntamente ordenó desaparecer evidencia relacionada con los hechos. Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales conforme avance el proceso.
La detención representa un cambio relevante en la línea de investigación que durante años mantuvo al exgobernador fuera de la lista de imputados. Aguirre había comparecido ante la Fiscalía General de la República en octubre de 2019 en calidad de testigo para ampliar su declaración sobre el caso.
El contexto del caso Ayotzinapa
Ángel Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrió el ataque contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Tras los hechos, solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de ese año y dejó la gubernatura.
La nueva actuación de la Fiscalía ocurre después de otras detenciones y procesos contra exfuncionarios estatales señalados por su posible participación en el ocultamiento o destrucción de información relacionada con las cámaras de seguridad de Iguala.
Hasta el momento, la detención no implica una sentencia. La situación jurídica del exgobernador deberá definirse ante un juez, mientras las autoridades presentan los datos de prueba y la defensa ejerce los recursos que correspondan.