América Latina y el Caribe concentra alrededor de un tercio de los homicidios a nivel mundial, aunque reúne sólo 8% de la población global, de acuerdo con el informe “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El documento señala que la delincuencia organizada se ha convertido en un “factor estructurante” para los países de la región y advierte que sus efectos trascienden la seguridad pública, pues también impactan la inversión, la productividad, el empleo y las finanzas públicas.
El costo económico de la delincuencia equivale a 3.4% del producto interno bruto regional, una proporción cercana a cuatro quintas partes del presupuesto promedio que los países latinoamericanos destinan a la educación.
Impacto en las economías locales
El informe advierte que un aumento de 10% en la tasa de homicidios puede provocar una contracción de 4% en la actividad económica local, debido a sus efectos sobre la inversión, la productividad y el empleo juvenil.
Investigaciones económicas previas también han identificado una relación directa entre violencia y menor actividad productiva en los municipios. En zonas con mayores niveles de homicidio, la inseguridad puede reducir la operación de empresas y desviar recursos hacia medidas de protección.
La Cepal plantea que la relación entre violencia y economía opera en ambos sentidos. Por un lado, la delincuencia debilita el crecimiento; por otro, las perturbaciones económicas que modifican el tejido laboral y social pueden contribuir al deterioro de las condiciones de seguridad.
México, entre los países afectados
En México, las empresas ubicadas en zonas bajo control del crimen organizado enfrentan gastos de funcionamiento de hasta cuatro veces los registrados por compañías similares asentadas en otras áreas, según el informe.
Este incremento en los costos puede relacionarse con mayores necesidades de seguridad, interrupciones en las operaciones y dificultades para mantener el flujo normal de mercancías, servicios y personal. El impacto se extiende a la competitividad y a las oportunidades de empleo en las comunidades afectadas.
El diagnóstico forma parte de un análisis regional elaborado por una comisión internacional copresidida por Michelle Bachelet e Iván Duque, que examina los principales desafíos económicos, sociales y geopolíticos de América Latina y el Caribe.
El informe sostiene que enfrentar la violencia requiere considerar sus causas económicas y sociales, además de fortalecer las instituciones, la seguridad y las condiciones que permitan recuperar la inversión, la productividad y el empleo.