La Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) solicitó revisar las disposiciones que regulan las estancias de corta duración en la Ciudad de México, y advirtió que ciertas obligaciones previstas en la Ley de Turismo generan contradicciones prácticas para los anfitriones.
Según el reclamo de la asociación, el artículo 61 Sexies obliga, a partir del cuarto inmueble inscrito en el padrón de anfitriones, a registrar la clave de establecimiento mercantil asignada por el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). Ese requisito, sostiene AMVITUR, obliga a los anfitriones a acreditar que el uso de suelo habitacional sea compatible con giros comerciales que la propia normativa no clasifica claramente.
AMVITUR también denunció que la ley establece que no se renovará el registro de inmuebles cuya ocupación supere el 50% de las noches del año, una medida que, según sus representantes, castiga la operación normal de muchos anfitriones y reduce la capacidad de alojamiento de la ciudad.
Contexto y consecuencias
La asociación advirtió que disposiciones contradictorias o faltas de certeza jurídica pueden convertir la formalidad en un “laberinto sin salida” para quienes intentan cumplir la normativa, y señaló que límites como el tope de ocupación afectan la competitividad turística de la capital.
En ese sentido, AMVITUR citó cifras oficiales que muestran una caída en la estadística de pernoctas: entre 2024 y 2025 la Ciudad de México pasó de 24,966,860 visitantes a 23,780,311, una disminución de 4.7%. Además, entre enero y mayo de 2026 las divisas turísticas registraron una baja del 0.4%, con 15,869 millones de dólares.
Qué pide la asociación
AMVITUR pidió al Poder Judicial de la ciudad y a las autoridades administrativas esclarecer la interpretación de la norma y ajustar procedimientos, de modo que la exigencia de claves y permisos no dependa de clasificaciones que actualmente no contemplan de forma explícita a las viviendas turísticas.
La organización propuso que la regulación se construya con base en datos y mecanismos claros —como un padrón único— que permitan acompañar la actividad sin penalizar la oferta y garantizar convivencia vecinal, seguridad y competitividad.
Qué sigue
La petición plantea un llamado al diálogo entre autoridades y operadores para evitar sanciones administrativas derivadas de vacíos legales. Las definiciones y adecuaciones pendientes podrían influir en la capacidad de alojamiento urbano, especialmente ante la demanda de eventos internacionales.
Se espera que en las próximas semanas las autoridades capitalinas y el Poder Judicial revisen las impugnaciones y las interpretaciones sobre los requisitos del padrón y las claves del SIAPEM.